La representante de O’Higgins valoró el avance del proyecto que facilita la continuidad de los estudios, incluso para quienes cuidan a un menor de edad o a una persona dependiente.

Tras largos meses de debate, la diputada por la Región de O’Higgins e integrante de la comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara Baja, Natalia Romero, valoró que esta mañana se haya aprobado -en primer trámite- un proyecto de ley que busca regular y proteger los derechos de las y los estudiantes de educación superior que se encuentren en situación de maternidad, paternidad, embarazo o que estén al cuidado de un menor de edad o de una persona que sea dependiente.

Al respecto, la parlamentaria explicó que la iniciativa -que ahora deberá ser votada en el Senado- dispone a las instituciones de educación superior una serie de obligaciones, entre ellas garantizar y facilitar el derecho a la educación de quienes estén embarazadas o tengan a su cargo menores de hasta 10 años, estableciendo mecanismos flexibles para su situación académica, permitiendo que puedan postergar o suspender sus estudios, sin estar afectos al pago de aranceles y matrículas.

Asimismo -detalló la diputada Romero-, el proyecto también dispone que las instituciones deberán contar con infraestructura en apoyo a dichos estudiantes, por ejemplo mediante la habilitación de mudadores, además de permitir la inasistencia a actividades o evaluaciones académicas cuando coincidan con controles médicos del menor o, bien, de la estudiante que se encuentre embarazada.

“Hasta hace algunos años se daba por hecho que una mujer embarazada o una madre o un padre con hijos pequeños no podían ingresar a la educación superior, o debían congelar sus estudios durante uno o dos años, pero nunca se puso en discusión si las instituciones podían adecuar sus programas e infraestructura para que dichos alumnos no tuvieran que abandonar sus estudios. Y eso es lo que hoy estamos haciendo con este proyecto: establecer distintas normativas para acompañar a las y los estudiantes, y que una situación de embarazo, paternidad, maternidad o de cuidado de un menor o una persona dependiente nunca más sea un impedimento”, sostuvo Romero.

Pero además de aquello, la representante del Distrito 15 insistió en la necesidad de avanzar en otro proyecto de ley -de similares condiciones-, que busca que las instituciones de educación superior tengan que habilitar salas cunas en todas sus dependencias, no sólo en beneficio de las y los estudiantes, sino que también de los docentes, empleados y administrativos que allí trabajen.

“Aún estamos al debe en distintas materias, y una dice relación con proteger a quienes justamente son padres o madres y estén estudiando en la educación superior, o bien trabajen o se desempeñen en alguna de estas instituciones. Es fundamental que resguardemos a aquellos menores que requieren de una buena escolaridad, sobre todo en la primera infancia, porque no podemos seguir limitando el derecho a la sala cuna exclusivamente a los trabajadores. Necesariamente debe tener un carácter universal e incluir, por cierto, a las madres y padres estudiantes”, reiteró la legisladora.