La representante de O’Higgins explicó que los Gores deberán solicitar siempre la aprobación de los Consejos Regionales cuando quieran asignar recursos desde distintos programas, de manera de evitar que se vuelvan a entregar fondos a organizaciones con vínculos políticos. 

Este viernes, en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuestos 2024, la Cámara Baja aprobó cuatro importantes indicaciones legislativas que presentó un grupo de parlamentarios, entre ellos la diputada por la Región de O’Higgins, Natalia Romero, para restringir que los Gobiernos Regionales (Gore) puedan seguir traspasando recursos de forma “absolutamente discrecional”, considerando las investigaciones penales que lleva adelante la Fiscalía por el denominado “Caso Convenios”, donde justamente se indagan millonarias transferencias realizadas a organizaciones con vínculos políticos.

En detalle, la representante del Distrito 15 explicó que una de las propuestas más importante que se aprobó en esta jornada es que la establece que los Consejos Regionales siempre deberán autorizar las asignaciones de recursos que dependan de los programas de “Funcionamiento” e “Inversión”.

En esa línea, la diputada Romero también informó que en el caso de la Asociación de Gobernadores Regionales que actualmente funciona en el país, será un decreto del Ministerio de Hacienda, dictado por orden del Presidente de la República, el que autorice las transferencias de recursos para el financiamiento de su operación, debiendo informar también -de manera trimestral- la ejecución y destino de dichos fondos. En tanto, la última indicación aprobada establece que un reglamento regional tendrá que determinar los gastos de traslado y de reembolso para los consejeros regionales.

“Estamos hablando de un conjunto de medidas que nos permitirán resguardar de mejor forma los recursos públicos y garantizar que se utilicen de manera correcta, evitando así que vuelvan a parar a manos de organizaciones y fundaciones sin la experiencia necesaria. No nos olvidemos que la Fiscalía está investigando delitos que eventualmente se cometieron en distintas regionales del país, de manera que teníamos la obligación de avanzar en mayores restricciones”, sostuvo la legisladora.